Amparos de la Universidad han sido desechados; rendición de cuentas es obligatoria para instituciones que reciben recursos públicos, advierte el Auditor Superior del Estado
San Luis Potosí, S.L.P., 20 de agosto de 2025.– La negativa reiterada de funcionarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) a someterse a los procesos de fiscalización por parte del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) podría traer consecuencias personales graves para los involucrados, advirtió el Auditor Superior del Estado, Rodrigo Lecourtois López.
Durante una declaración a medios, el titular del IFSE explicó que las acciones legales emprendidas por la Universidad, a través de su equipo jurídico, han sido infructuosas. En diversas ocasiones han intentado ampararse contra la fiscalización, sin éxito.
“Todas las acciones promovidas para evitar la revisión han sido desechadas por las autoridades competentes”, afirmó.
Lecourtois López reiteró que la rendición de cuentas debe ser una prioridad para todas las instituciones que reciben recursos públicos, y recordó que la transparencia y el uso correcto del gasto son obligaciones ineludibles.
“Una institución de buena fe, con mucho prestigio nacional, formadora de generaciones y generaciones de profesionistas como la UASLP, no puede ni debe en ningún momento ser omisa ante la transparencia y la rendición de cuentas”, subrayó.
Además, enfatizó que en caso de encontrarse irregularidades, las sanciones o multas que pudieran derivarse del proceso serán responsabilidad directa de los funcionarios involucrados. Ni la Universidad como institución, ni su comunidad académica, tendrían que asumir las consecuencias legales o económicas.
El Auditor también abordó la reciente controversia constitucional presentada por la UASLP ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el IFSE, misma que fue declarada improcedente por el máximo tribunal del país.
“Ni siquiera fuimos notificados. La SCJN hizo una revisión de los requisitos de procedibilidad y determinó que la Universidad no tiene legitimidad para presentar este tipo de controversias. Fue desechada de forma automática”, precisó Lecourtois.
Explicó que este recurso está reservado para municipios, estados, la federación y, en casos excepcionales, algunas autoridades autónomas que acrediten una relación de coordinación con la entidad de la que se quejan. En el caso de la UASLP y el IFSE, no existe una relación de coordinación, sino una de supra-subordinación, por lo que no aplica este mecanismo de defensa constitucional.
El titular del órgano fiscalizador consideró que las autoridades universitarias han emprendido una estrategia jurídica errónea, centrada en evitar una resolución de fondo que pudiera serles desfavorable.
“Estamos en procedimiento de investigación y fiscalización. Aún no se ha emitido una resolución definitiva. Lo que ocurre es que las autoridades universitarias están haciendo todo lo posible para que no se llegue a esa etapa”, indicó.
Agregó que la postura de la UASLP ha sido rechazada de forma constante por distintas instancias legales, lo que demuestra que la estrategia ha sido “mal dirigida y sin sustento”.
Finalmente, el Auditor Superior del Estado fue enfático al señalar que las sanciones que deriven de este proceso, de comprobarse irregularidades, recaerán exclusivamente sobre los funcionarios que han bloqueado la fiscalización
“Al final del día, serán los funcionarios quienes tengan que cargar en lo personal con las consecuencias. Cabe señalar que han rechazado participar de forma periódica en las reuniones del Sistema Estatal Anticorrupción, donde podrían haber colaborado activamente con las tareas del órgano”, puntualizó.
La controversia entre la UASLP y el IFSE continúa generando tensiones, mientras la sociedad civil y los organismos de fiscalización exigen transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.
