Esteban Espinoza / San Luis Potosí
La titular de la SCT en el estado Aracely Martinez Acosta dijo que la problemática de arrendamientos de concesiones o placas de taxi es una práctica ilegal que actualmente se presenta en distintos municipios, incluido Ciudad Valles, es muy común sin embargo se estudia la posibilidad de hacer valer la ley.
Dijo que debido a las altas tarifas exigidas por algunos concesionarios es factor de que se incrementen las prácticas de cobros altos repercutiendo en el bolsillo de los usuarios
Se explicó que, si bien la ley no prohíbe la contratación de choferes, lo que sí está fuera de la legalidad es el arrendamiento de placas o concesiones, ya que estas fueron otorgadas para que los concesionarios las trabajaran directamente. En algunos casos, al tratarse de concesionarios adultos mayores, se han generado acuerdos entre particulares que no están permitidos por la normatividad vigente.
Las autoridades indicaron que será necesario revisar estos acuerdos, ya que consideraron que quien presta el servicio es quien debería recibir el mayor ingreso, evitando esquemas donde varias personas obtienen ganancias de un mismo servicio, lo que termina elevando las tarifas en perjuicio de los usuarios.
Asimismo, se reconoció que uno de los principales problemas heredados es la falta de revisión de tarifas, situación que no había sido atendida por administraciones anteriores. Actualmente, se trabaja en un diagnóstico integral, que incluye el mapeo de rutas, el análisis del número de kilómetros recorridos y la definición de costos por kilómetro, con el objetivo de establecer tarifas justas y equilibradas tanto para usuarios como para concesionarios y operadores.
En la región Huasteca ya se cuenta con un avance significativo en este mapeo, y se destacó que el objetivo del Estado es garantizar una movilidad segura, eficiente y accesible, no generar ganancias excesivas a costa de tarifas elevadas.
Se informó que en Ciudad Valles ya se realizan estudios donde se detectaron cobros de hasta 70 pesos por trayectos muy cortos, lo que ha provocado que la ciudadanía deje de utilizar el servicio. Las autoridades señalaron que una tarifa justa permitirá mayor uso del transporte y una mejor compensación para los operadores.
Finalmente, se dio a conocer que este diagnóstico también permitirá evaluar el estado actual de las concesiones, identificar aquellas que no están en operación y determinar si existe la necesidad de otorgar nuevas concesiones o permisos, siempre con base en estudios técnicos y la opinión de la ciudadanía.