El Instituto de Fiscalización Superior lanza un ultimátum a los 59 Ayuntamientos y todos los entes de gobierno para frenar los aumentos salariales desproporcionados, calificándolos de “ilegales e inmorales”.
Por Esteban Espinoza
San Luis Potosí, S.L.P.- El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) ha lanzado una enérgica y clara advertencia a los 59 Ayuntamientos, los poderes del estado, organismos autónomos y todos los demás entes sujetos a auditoría: deben evitar a toda costa los aumentos desproporcionados de salarios. La institución calificó estas prácticas no solo como ilegales, sino también como “actos inmorales” que atentan contra la confianza ciudadana y el correcto uso de los recursos públicos.
La advertencia, emitida este 7 de agosto, fue respaldada con una amenaza de consecuencias directas y severas. El titular del IFSE, Rodrigo Lecourtois López, advirtió que en caso de que alguna entidad fiscalizable proceda con dichos aumentos, estará obligada a regresar los recursos que se hayan pagado de manera indebida.
Si se incumple con esta devolución, los casos serán turnados inmediatamente a la Fiscalía General del Estado para que se inicien los procesos penales correspondientes contra quien resulte responsable.
Este llamado a la contención del gasto público en salarios busca poner un freno a una práctica que ha generado indignación ciudadana. La medida abarca a todos los niveles de gobierno y organismos que manejan presupuesto público en la entidad, estableciendo un precedente claro sobre la responsabilidad y las repercusiones de tomar decisiones administrativas que benefician de manera excesiva a los propios funcionarios.
Con esta postura firme, el IFSE deja claro que no habrá tolerancia para el despilfarro de recursos en “sueldazos” y que la fiscalización será estricta. Los funcionarios y las entidades que decidan ignorar esta advertencia se enfrentarán no solo a la obligación de reintegrar el dinero, sino también a posibles consecuencias legales de carácter penal, sentando un importante precedente en la lucha contra la corrupción y el abuso de poder en el estado.
