*.- Además de considerarse un delito no cumplir con esta obligación, los infractores pueden hacerse acreedores a una multa en dinero por hasta 700 UMAS, destitución e inhabilitación por el doble de tiempo que aplique la pena de prisión.
*.- IFSE exhorta a cumplir en tiempo y forma para evitar sanciones que vulneren economía, libertad y carrera en la función pública de omisos.
Estamos a solo dos días del vencimiento del plazo para que los entes públicos obligados entreguen su Cuenta Pública 2024 al Congreso del Estado, por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización. Así lo informó el titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois López.
Detalló que las sanciones dispuestas por el Código Penal del Estado para el ejercicio ilícito de las funciones públicas aumentan en el caso de no presentar la Cuenta Pública de una entidad obligada. “Otros desacatos, por ejemplo, se castigan con hasta tres años de prisión, pero no presentar la Cuenta Pública merece hasta siete -más del doble-, y hablamos de infracciones que conforman el mismo delito de ejercicio ilícito de las funciones públicas”.
En este sentido, Lecourtois López agregó que si bien hasta siete años de prisión es la pena máxima con la cual puede castigarse a los funcionarios omisos en el cumplimiento de esta obligación con rango constitucional, existen otras sanciones administrativas importantes que deben conocerse, porque el ejercicio ilícito de las funciones públicas no es un delito menor.
Es decir, el funcionario público que teniendo la obligación de entregar no presenta la Cuenta Pública, será sancionado también con una multa económica de hasta 700 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, según corresponda al momento de la comisión del delito.
Asimismo, se castigará con destitución e inhabilitación del doble de la pena de prisión impuesta, para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. “El responsable será cesado de sus funciones al servicio de la administración pública y no podrá ocupar otro cargo por un período equivalente al doble de tiempo que se le haya aplicado la privación de su libertad”, aclaró el titular del IFSE.
Finalmente, Rodrigo Lecourtois exhortó a los funcionarios públicos responsables de las Cuentas Públicas en los Municipios y Organismos Descentralizados, poderes Legislativo, Judicial, Ejecutivo, sus dependencias y Organismos Autónomos, para que como último plazo este 28 de febrero, cumplan en tiempo y forma con la entrega del documento, para evitar sanciones que vulneren su economía, libertad y carrera en la función pública.
