Esteban Espinoza / Rioverde SLP
En una rueda de prensa celebrada el día de hoy, dos destacadas firmas legales, representadas por los abogados, Gloria Guadalupe Olvera Montes y Antonio Rodríguez, de Olvera y Ordaz firma legal y asociados y Litigio Estratégico Especializado informaron sobre las acciones judiciales emprendidas contra los fundadores y colaboradores de APPLE SISTEM MLM, una empresa acusada de perpetrar un fraude masivo que ha afectado a más de mil personas en la región media de San Luis Potosí y sus alrededores.
Durante el evento, se detallaron las denuncias realizadas ante la Fiscalía General del Estado, revelando que la empresa, presentada como un sistema de inversión legítimo, en realidad operaba bajo un esquema piramidal conocido como Ponzi. Este esquema consistía en atraer nuevos participantes cuyo dinero era utilizado para cubrir las “ganancias” de los inversionistas previos, lo que llevó al colapso del sistema una vez que dejaron de ingresar nuevos fondos.
Se explicó que la modalidad del fraude de la empresa era promoviendo inversiones en una supuesta criptomoneda llamada Satom, utilizando aplicaciones móviles para gestionar los fondos. Sin embargo, los afectados no pudieron disponer del dinero, que existía únicamente de manera virtual. Además, se ofrecían productos inflados en precio como una forma de “compensación”, lo que añadía otra capa de engaño.
En algunos casos, las víctimas, en su mayoría trabajadores y pequeños ahorradores, llegaron a vender propiedades o retirar ahorros de años para invertir, bajo la promesa de rendimientos de hasta un 5% mensual.
El fraude no solo impactó a la región media de San Luis Potosí, sino también a zonas como Querétaro, Ríoverde y otros municipios. Las investigaciones apuntan a que los principales responsables son de origen colombiano y operaban desde la Ciudad de México. Por ello, las firmas legales han solicitado a las autoridades migratorias que emitan alertas para evitar que los culpables abandonen el país.
Asimismo, se hizo un llamado a la Fiscalía del Estado y al gobernador para asignar recursos adicionales a la Unidad de Delitos Patrimoniales, ya que la magnitud del caso supera la capacidad actual de la fiscalía local. Según se informó, hasta la fecha, se han presentado cerca de 2,000 denuncias, y el daño patrimonial asciende a más de dos millones de dólares.
Los abogados subrayaron la importancia de que las víctimas presenten sus denuncias, ya que muchas personas temen represalias o sienten vergüenza por el engaño que sufrieron.
También pidieron a la comunidad que no sigan cayendo en estas estafas, ya que los responsables continúan operando en varias regiones.
Finalmente, se instó a las autoridades a tratar a los defraudados como víctimas de un delito y no culparles por haber confiado en la propuesta, destacando la sofisticación del engaño, que incluía capacitaciones y estrategias de manipulación emocional para atraer a más personas.
Este caso no solo expone las debilidades regulatorias en materia de inversiones, sino también la necesidad de mayor educación financiera para prevenir que situaciones similares se repitan en el futuro.
