EL ORÁCULO.
Por: Esteban Espinoza
Ser alcalde en San Luis Potosí nunca había sido tan peligroso como ahora. El asesinato del presidente municipal de Tancanhuitz, Jesús Eduardo Franco Lárraga, es un recordatorio trágico de las condiciones adversas que enfrentan los liderazgos locales, atrapados entre las exigencias del gobierno estatal, la falta de recursos y la creciente amenaza del crimen organizado.
En un contexto de inseguridad al alza en gran parte de los municipios del estado, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha intensificado su discurso, exigiendo a los alcaldes que denuncien y proporcionen información sobre la ubicación y operaciones de los delincuentes en sus comunidades. Si bien la intención de combatir al crimen es loable, estas declaraciones ponen de manifiesto una grave desconexión entre las expectativas del gobierno estatal y la realidad que viven los municipios.
La mayoría de las alcaldías de San Luis Potosí operan con recursos limitados. La reducción en los presupuestos destinados a seguridad ha dejado a muchas administraciones sin suficientes elementos de policía, armamento adecuado o vehículos para patrullar. Además, la coordinación estatal-municipal, tan criticada por el gobernador, no puede ser efectiva si las administraciones locales carecen de herramientas básicas para cumplir con su parte del trabajo.
Por si fuera poco, los alcaldes enfrentan constantes amenazas del crimen organizado. Varios de ellos han sido presionados o intimidados por grupos delictivos que buscan mantener el control territorial. Estas amenazas se convierten en un riesgo directo para su vida y la de sus familias. Paradójicamente, quienes están llamados a colaborar en la seguridad de sus municipios se encuentran indefensos y sin protección efectiva por parte de las autoridades estatales o federales.
El llamado del gobernador para que los alcaldes actúen como informantes también los expone públicamente a represalias, pues los convierte en objetivos directos del crimen organizado. Sin garantías de seguridad personal ni medidas de protección suficientes, los presidentes municipales se encuentran en una situación insostenible, obligados a caminar en una delgada línea entre el cumplimiento de sus responsabilidades y la preservación de su vida.
Resulta también preocupante que, mientras se exige mayor compromiso y resultados a los alcaldes, no se observe una estrategia integral que ataque las causas estructurales de la violencia ni un respaldo claro en recursos y acciones coordinadas. La narrativa de culpar a los municipios por la falta de resultados en seguridad es simplista y no aborda las profundas limitaciones con las que operan.
El asesinato de Jesús Eduardo Franco Lárraga debe ser un llamado a la reflexión para todos los niveles de gobierno. No basta con exigir resultados sin proporcionar herramientas ni protección. La seguridad en San Luis Potosí no puede ser un tema de discursos ni de deslindes de responsabilidades; requiere una colaboración real, con compromisos claros, recursos suficientes y estrategias que prioricen la vida de quienes están en la primera línea de gobierno. Hasta que eso no ocurra, ser alcalde en este estado seguirá siendo un riesgo que pocos estarán dispuestos a asumir.
