Agencias
HERMOSILLO, Son.- María Concepción Parra Serrano se lleva las manos al rostro y suspira al recordar a su nieta Rosario Imelda, quien sigue desaparecida 14 meses después de que Estados Unidos alertara a la Procuraduría de Sonora de la existencia de una red de tráfico de recién nacidos que operaba desde 2012 en el Sistema DIF estatal.

Donde quiera que se encuentre, Rosario Imelda Campos Parra pronto cumplirá cinco años de edad, comenta su abuela, quien dejó de ver a la pequeña cuando era una bebé de apenas diez meses.

“Desde que me la quitaron a mí me vera reír, platicar, pero yo todo el tiempo tengo el pensamiento en ella, si estará bien, si estará comiendo o qué estará pasando”, indicó.

El oficio ICE007/2015 del Departamento de Seguridad Interior de EU, fechado el 26 de marzo del año pasado, advertía sobre la venta de menores en ambos lados de la frontera por funcionarios de la administración del entonces gobernador Guillermo Padrés.

Los principales involucrados eran Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, entonces subprocurador de la Defensa del Menor y la Familia, así como director de la Línea Protege, y José Manuel Hernández López, exasesor jurídico del DIF Sonora quien, junto con su pareja, Emma Consuelo Falcón, actuaban como enganchadores de las personas que querían adoptar.

En entrevista con Excélsior, Wenceslao Cota Amador, procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado, reconoció que hasta la fecha ningún menor vendido ha regresado a su casa.

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Al ser cuestionado sobre los rumores que existen de que algunos pequeños ya se reintegraron a sus familias biológicas, respondió que no es verdad, “todo sigue igual”.

María Concepción, vecina de la colonia Café Combate, una de las más populares y peligrosas de Hermosillo, ha hecho de todo para encontrar a su nieta, incluso participó como invitada en un programa de televisión, con la esperanza de obtener ayuda.

“Mi hija es adicta al crystal y por eso se la quitaron, pero yo cuidaba a la niña, estaba conmigo, tengo pruebas de que la llevaba a vacunar, que la llevaba al doctor cuando se enfermaba; no se vale que pisoteen mis derechos, nada más porque soy pobre”, dijo.

En una conversación con el periodista Víctor Hugo Arteaga, uno de los acusados, José Manuel Hernández López, quien fuera también abogado de la Unión Ganadera Regional Sonorense, reveló desde la clandestinidad que el exsubprocurador de la Defensa del Menor realizó alrededor de 70 adopciones durante el sexenio de Padrés Elías, “pero toda la estructura del DIF debió haber hecho unas 300 adopciones de manera irregular”.

Destacó que Vladimir Arzate le pagó en aproximadamente 12 casos un 25 por ciento de comisión de los 100 mil a 130 mil pesos que cobraba por cada adopción.

De acuerdo con la averiguación previa 01/2015, los sujetos entregaban a cambio de dinero a los menores que habían sido arrebatados a sus madres, que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad por pobreza o adicciones.

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Arzate aprovechaba su posición como encargado de la Línea Protege para identificar a sus víctimas, mientras que Hernández López sacaba a los niños de la Casa Hogar Unacari para llevarlos a una vivienda habilitada como guardería, donde los mantenía bajo resguardo hasta lograr su venta.

En el inmueble, que nunca fue preservado como parte de las indagatorias, hasta hace unos meses permanecía estacionada una camioneta Ford Expedition color negro, que era utilizada regularmente para transportar a los menores hacia Estados Unidos.

Hoy, Arzate y Hernández, quienes cuentan con ficha roja de la Interpol desde hace ocho meses, siguen prófugos de la justicia, a pesar de que son buscados en 179 países.

En tanto, Consuelo Falcón fue detenida por elementos de la Policía Estatal Investigadora el pasado 18 de marzo e ingresada al Cereso de Hermosillo, según un comunicado del gobierno de Sonora.

Pero de las investigaciones y el paradero de los pequeños nada se sabe, debido a que existe un completo hermetismo por parte la Seido de la PGR, que atrajo el caso desde el 11 de septiembre de 2015.

En las oficinas centrales de la Ciudad de México no responden a las solicitudes de información, y el delegado de la PGR en Sonora, Darío Figueroa, de plano desconoce por completo el expediente.

—¿Que nos puede compartir sobre este caso?

— Sólo que hay una averiguación previa en trámite y hasta ahí, nada más.

—¿Hay prófugos?

—No sabría decirte.

—¿Hay detenidos?

—Aún no.

—¿Ningún detenido?

— Que yo sepa, no.

El tiempo sigue avanzando y las familias mantienen la esperanza de que alguien les regresará a sus niños, después de que en febrero, peritos de la PGR se aparecieron para practicarles pruebas de ADN.

“Pues me picaron el dedo, me sacaron sangre para poder saber, y me volvieron a tomar declaración, pero después nada, ya no hemos vuelto a saber absolutamente nada”, reveló la abuela de Rosario Imelda.