Esteban Espinoza / San Luis Potosí, S.L.P.
Operadores y concesionarios del transporte público en el estado han manifestado su inconformidad ante nuevas disposiciones emitidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), las cuales los obligarían a repintar sus unidades bajo un esquema específico de colores: verde y rosa.
De acuerdo con los inconformes, esta medida tendría como finalidad homologar la imagen del transporte con una supuesta campaña política vinculada a la figura de la esposa del gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, Ruth González Silva, lo que ha generado preocupación entre el gremio por posibles implicaciones legales y electorales.
Los trabajadores del volante señalaron que el gasto para cumplir con esta disposición correría completamente por su cuenta, lo que representa un fuerte impacto económico. Además, denunciaron que se les estaría condicionando a realizar el trabajo con proveedores designados por la propia dependencia, lo que elevaría considerablemente los costos, incluso hasta duplicarlos en comparación con opciones independientes.
Aunado a ello, acusaron prácticas que consideran indebidas por parte de la titular de la SCT en el estado, Aracelí Martínez Acosta, quien —aseguran— les ha informado sobre su participación en actividades políticas del Partido Verde Ecologista de México en la región Media. Según los testimonios, esta situación ha derivado en presiones hacia los taxistas para afiliar a familiares y conocidos al partido, con solicitudes que alcanzarían hasta 20 personas por concesionario.
Los permisionarios expresaron su hartazgo ante lo que califican como una constante carga de obligaciones y exigencias por parte de las autoridades, que incluyen aportaciones económicas para eventos políticos. En este contexto, advirtieron que la imposición de una nueva imagen para las unidades podría generar rechazo entre los usuarios, quienes —dijeron— están cada vez más inconformes con este tipo de prácticas.
Finalmente, los taxistas hicieron un llamado a que se respeten sus derechos y se evite el uso del transporte público con fines ajenos al servicio que prestan a la ciudadanía.