EL ORÁCULO
Por: Esteban Espinoza
El asesinato de Jorge Eduardo Dávila Ramírez, pasante de Estomatología de la UASLP, volvió a desnudar la tragedia más profunda de San Luis Potosí: aquí la Fiscalía General del Estado no investiga por deber… investiga por presión.
La indignación de estudiantes, las marchas, los padres dando conferencias afuera de la institución y la presión pública fueron lo único que movió un caso que, de otro modo, habría terminado donde terminan la mayoría: en el archivo del olvido.
Pero lo más grave no es la inacción. Es el sabotaje interno.
Por segunda vez, videos y datos confidenciales del caso de Jorge terminaron filtrados a medios “amigos del Gallardismo”, como si dentro de la Fiscalía existiera una red dedicada a dinamitar sus propias investigaciones. Cada filtración es un regalo para los criminales, una puerta abierta para que los responsables queden libres por fallas en el debido proceso.
Y la respuesta oficial, como siempre, fue lavarse las manos.
La institución dirigida por Manuela García Cázares navega sin control, sin disciplina, sin mando real. Una Fiscalía incapaz de resguardar la secrecía de un expediente es una Fiscalía incapaz de garantizar justicia.
La familia de Jorge tuvo que salir a contar la verdad porque la Fiscalía fue incapaz incluso de eso. Desmintieron versiones filtradas, aclararon los hechos y dejaron ver que la autoridad ni investiga con rigor ni comunica con responsabilidad.
San Luis Potosí no puede seguir con una Fiscalía que filtra más de lo que resuelve, que reacciona solo cuando la sociedad grita y que convierte cada expediente en un riesgo de impunidad.
Jorge no murió solo por un asalto. Murió en un estado donde la justicia depende de la presión social. Y eso también es violencia.