Ricardo Sánchez García, representante del Centro Potosino de Derechos Humanos Samuel Ruiz García, alertó a la población y autoridades mexicanas a reconocer la ola de desapariciones de la que es víctima el estado de San Luis Potosí: ‘hay una desaparecida cada dos días’.

“Llevamos los casos recientes (e históricos) de mujeres desaparecidas (en la entidad). El patrón de las desaparecidas es de mujeres jóvenes; pero la última mujer de la que ya no se tiene información sobre su paradero es, como se dice, ‘come años’: tenía 26 aunque por complexión y físico, aparentaba 20”, dijo en entrevista con Adela Micha para Grupo Imagen.

Agregó más: características: mujeres entre los 16 y los 22 años de edad, tez morena, trabajadoras, de familias acomodadas, solteras; además de advertir que se les pierde la pista mientras realizan sus traslados entre hogar-trabajo-hogar u hogar-escuela-hogar, ‘en el transcurso de sus actividades’.

“Se ha emitido la Alerta Alba, que es similar a la Alerta Amber: busca anunciar a ciudadanos y autoridades que ha desaparecido un niño, niña, joven, jovencito, lo que sea, y que se debe de actuar en las siguientes 24 horas en diversas líneas de investigación: las primeras 24 horas son fundamentales para aumentar las probabilidades de encontrar a” la persona en cuestión.

Sánchez García dijo que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) estatal y el Ministerio Público (MP) no muestran las actitudes, las aptitudes, la capacitaciónde sus recursos humanos y tecnológicos, y ni siquiera los protocolos de ley orgánica para iniciar con las investigaciones.

“Por todo lo contrario, recomiendan a familiares de personas desaparecidas que esperen 24 horas después de no tener información de los individuos reportados, porque, según ellos, luego a las jovencitas les da por irse con el novio o cosas similares”, denunció el abogado potosino.

Los números reportados por el Centro Potosino de Derechos Humanos Samuel Ruiz García arrojan el conocimiento de 17 mujeres de las que no se tiene noticia, ‘pero las cifras negras recomiendan que los casos son muchos más: una gran parte de delitos no se denuncian,’ por motivos varios.

“Por cada persona encontrada, hay un rango de 20 más que no fueron investigadas. No presumimos que haya trata de personas en el estado porque no lo hemos podido comprobar, pero las cifras son muy comprometedoras; el gobierno no toma en serio el caso”, apuntó.

Aclaró que las mujeres potosinas tienen el derecho de transitar por calles seguras; para tales casos se implementa un protocolo con tres pasos a seguir: el primero es llevar a los familiares de la víctima a conocer la carpeta de investigación del MP, para que vea que éste, en el mejor de los casos, realiza su trabajo.

“Segundo: Trabajamos con las autoridades —porque todavía tenemos confianza en la mismas—, hacemos campañas de concientización y trabajo colaborativo. Orientamos a las personas sin importar edad ni sexo de la persona, ni cómo o cuáles fueron las circunstancias de su desaparición”, enlistó.

Como tercer punto, se le ofrece apoyo psicológico y, ‘digámoslo así’, espiritual; se unen lazos familiares, se hacen reuniones con otras familias en similar coyuntura, practican oraciones y rezos: ‘integra muchos aspectos; un familiar desaparecido es lo peor que puede suceder’.

“Hay quienes prefieren localizar a sus hijos muertos y saber su paradero, a de plano no saber nada de ellos. Es de lo peor. También estamos exhortando a las autoridades para que se implementen bancos de sangre, para localizar a personas que se hallen fosas, en cualquier punto” de la República.

Aseguró que un examen de ADN, en el estado, tarda hasta tres o cuatro años en practicarse, ‘en lo que se recolecta la muestra necesaria’; por último, el día de hoy sostendrán una junta en la Procuraduría del estado para poner sobre la mesa las medidas que se deben de tomar a la brevedad posible.