Al menos 30 familias han dejado sus comunidades en los últimos meses por el terror desatado en el Estado por la disputa entre agrupaciones del crimen organizado
La violencia desatada por agrupaciones del crimen organizado ha causado el desplazamiento forzado de al menos 30 familias en la región conocida como Tierra Caliente, en el Estado de Michoacán (oeste de México), denuncian organizaciones de derechos humanos locales. Esta región es disputada por los grupos Los Viagras, Jalisco Nueva Generación y la Nueva Familia Michoacana, que además extorsionan, roban y secuestran a los empresarios y productores locales. “Es una situación muy delicada”, asegura Juan Plancarte Esquivel, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). “Es una zona que representa un riesgo de manera constante”, dice el defensor, quien ve impedido su trabajo porque la violencia no les permite acceder a estos lugares gobernados por las bandas organizadas.
En semanas recientes la violencia ha golpeado con fuerza a los municipios de Buenavista, Tepalcatepec, Aguililla y Apatzingán. En este último la diócesis local ha denunciado a través de medios de comunicación locales la quema de vehículos y ataques armados a casas. Es por este infierno que familias enteras han dejado sus casas. Debido a que los defensores de la CEDH no pueden visitar la región por la violencia, les es difícil llevar un recuento exhaustivo de los desplazados, pero afirman que los últimos tres meses al menos 30 familias han dejado sus localidades, aunque creen que el número puede ser mayor.
“La violencia derivada de actos causados por los grupos activos de delincuencia organizada en esa región motiva a que familias completas abandonen su zona de residencia y se vayan a otras regiones, incluso fuera del Estado de Michoacán y algunos hasta dejan el país. Las familias se mueven debido a su propia necesidad de protección y se desplazan sin que podamos identificar cuántas han salido”, afirma Plancarte Esquivel. La CEDH dice que los desplazados huyen hacia los Estados de Colima, Jalisco, a Morelia (capital de Michoacán) y Ciudad de México.
Plancarte Esquivel da cuenta de los pedidos que ha hecho, que parecen más bien un clamor. “Hemos hecho un exhorto a la autoridad estatal para que brinde la atención inmediata. Hemos canalizado los expedientes a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que haga también los exhortos correspondientes a las autoridades federales, para que desarrollen políticas públicas para dar atención inmediata a este tipo de situaciones, porque nos están rebasando. Estas familias necesitan protección, ayuda económica, trabajo, escuela. Nosotros no podemos brindarles la atención adecuada. Se nos escapa en este momento”, lamenta el defensor.
Michoacán es uno de los Estados de México más golpeados por el crimen organizado. La región produce el 70% del aguacate mundial, además de buena parte de la producción global de limón y papaya y cuenta con abundantes recursos naturales. Entre enero y noviembre de 2019 fueron cometidos en la entidad 1.465 asesinatos, 200 más que en todo 2018 de acuerdo a las cifras del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). A esto se sumaron las extorsiones, secuestros y las represalias contra quienes se niegan a cumplir las exigencias de las agrupaciones delictivas. Debido a su riqueza y por ser una importante ruta de la droga, la región es disputada principalmente por Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Además sobreviven aún células de la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios, dos organizaciones que tiñeron de sangre la región en los gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). 2019 ha sido uno de los años más violentos en la entidad.
Los homicidios y extorsiones en la región llevaron el año pasado a que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos alertara a los productores del país que suspendería la certificación al aguacate —requisito primordial para la exportación a territorio estadounidense— si no se toman medidas para garantizar la seguridad de su personal sanitario que opera en las granjas productoras de la región. “Es fundamental que se tomen medidas proactivas para evitar futuros incidentes”, advirtió Marie Martin, directora del Área de pre-autorización de México del Departamento de Agricultura, en un comunicado enviado a la asociación de productores mexicanos de aguacate (APEAM).
Debido a la violencia, desde hace unos años se formaron en la región las llamadas autodefensas, agrupaciones armadas que combaten al crimen organizado. Hipólito Mora, un mítico líder de estos grupos de civiles armados y crítico del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ataca con dureza a los gobiernos municipal, estatal y federal porque cree que no han tomado medidas para evitar la sangría que sufre Michoacán. “No hacen el trabajo como se los marca la ley, porque están obligados a protegernos, a los ciudadanos los dejan solos”, afirma por teléfono desde Buenavista, donde habita. “El crimen organizado puede hacer lo que le da la gana y no tenemos quién luche por tener seguridad y paz aquí en la región”, agrega.
Mora es productor de limones y afirma de que aunque no recibe extorsiones de forma directa. Él y los demás agricultores sufren las medidas de las agrupaciones criminales: estos amenazan a las empresas que empacan el fruto, por lo que estas tienen que pagar un “impuesto”, que luego afecta el precio que pagan a los productores por el limón. “El dinero que hay en la región les deja muchas utilidades, porque la extorsión se convierte en un negocio rentable, el cobro de pisos a los negocios”, dice. “La sociedad siente mucho miedo. Saben que desde el momento que salen de sus casas a sus trabajos están corriendo peligro, de que los roben, secuestren, que lleguen a su negocio a cobrarles”, explica el productor. Mora no esconde su enojo: “Los tres niveles de gobierno [municipal, estatal, federal] son una cochinada. Unos por coludidos y otros porque sus superiores les dicen que no hagan nada para evitar muertes. Ellos tienen la obligación de darnos seguridad a los ciudadanos”.
