El Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí (IFSE) mantiene un cerco firme sobre el uso de los recursos públicos y advirtió severas consecuencias legales para aquellos proveedores que resulten implicados en actos de corrupción durante las auditorías en curso.
El Auditor Superior del Estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, informó que los auditores se encuentran desplegados en los municipios y dependencias estatales ejecutando las auditorías de campo a la obra pública. En esta fase, se confronta minuciosamente la información de los entes públicos con la documentación de terceros y contratistas para verificar que todo coincida conforme a la ley en las Cuentas Públicas 2025 y 2026
Las revisiones exhaustivas y compulsas de datos podrían revelar conductas delictivas graves por parte de los proveedores, tales como Cohecho y peculado , Abuso de autoridad y tráfico de influencias y Uso indebido de recursos públicos.
Lecourtois López puntualizó que las sanciones que determine la autoridad judicial van desde multas económicas, indemnización por daños al patrimonio del estado, inhabilitación temporal, suspensión de actividades, disolución de la sociedad (en caso de empresas) y penas de prisión.
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