Por esteban Espinoza
RIOVERDE / ZONA MEDIA. — Una alarmante realidad quedó al descubierto tras la jornada de revisión de expedientes realizada en esta región por el colectivo “Voz y Dignidad por los Nuestros”. Familiares de personas desaparecidas provenientes de municipios como Ciudad del Maíz, Rayón, San Ciro de Acosta, Ciudad Fernández y Cerritos acudieron a este ejercicio, logrando detectar graves irregularidades, omisiones procesales e incluso denuncias totalmente extraviadas por parte de las autoridades.
Edith Pérez Rodríguez, presidenta del colectivo, calificó como sumamente preocupante el hallazgo de casos que datan desde el año 2013 cuyos expedientes simplemente no pudieron ser localizados en los archivos oficiales, obligando a la apertura de nuevas carpetas de investigación. La activista señaló que existen severas discrepancias entre las cifras del Estado y la realidad acumulada; detalló que tan solo en 2025, la Comisión Estatal de Búsqueda registró alrededor de 1,800 reportes de desaparición, de los cuales cerca de 1,000 personas siguen sin ser localizadas, sumándose a las decenas de casos pendientes en este primer semestre de 2026. Ante este panorama, reiteró la urgencia de que opere de manera plena una Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas con personal exclusivo.
En una declaración contundente, Pérez Rodríguez afirmó que diversos predios localizados en la Huasteca y la Zona Media presentan características propias de “zonas de exterminio”, debido al hallazgo recurrente de restos humanos calcinados y dispersos, lo que evidencia una intención sistemática de destruir los cuerpos para evitar su identificación. Actualmente, el colectivo tiene plenamente identificados más de 18 sitios con estas características en San Luis Potosí, además de fincas utilizadas como centros de confinamiento temporal.
Por su parte, Luis Eduardo Vázquez, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, encabezó las mesas de trabajo en la Zona Media y enfatizó que el tiempo y la precisión de la información aportada por las familias son factores determinantes. Destacó que la mayoría de los reportes corresponden al sexo masculino y señaló que cualquier indicio o señalamiento que apunte a una desaparición forzada —ya sea cometida por particulares o por integrantes de corporaciones— se convierte de inmediato en una línea de investigación concreta para la Fiscalía con el fin de agilizar las rutas de localización.
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