Esteban Espinoza / San Luis Potosí, S.L.P.
A pocos días de que venza el plazo establecido para mejorar el salario de las corporaciones municipales, apenas 10 de los 59 ayuntamientos de San Luis Potosí han acreditado el incremento para que sus policías perciban al menos 14 mil pesos mensuales netos.
La fecha límite es el 31 de agosto y los municipios que no cumplan con la disposición podrán ser turnados al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), informó la secretaria ejecutiva del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Nohemí Proal Huerta.
La homologación salarial deriva de una reforma constitucional aprobada por el Congreso del Estado y posteriormente publicada en el Periódico Oficial, por lo que los ayuntamientos están obligados a acreditar su cumplimiento.
Sin embargo, hasta ahora sólo una minoría de municipios ha realizado el ajuste.
Entre los ayuntamientos que ya reportaron avances se encuentran San Luis Potosí capital, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Pozos, Cerro de San Pedro y Zaragoza, principalmente de la zona Centro.
También han cumplido Matehuala, Cárdenas, Ciudad del Maíz y El Naranjo, además de otro municipio que forma parte del grupo reportado por la autoridad estatal.
Proal Huerta explicó que algunos gobiernos municipales han enfrentado dificultades presupuestales y han solicitado modificaciones o reasignaciones de recursos federales para poder alcanzar el salario mínimo establecido para los elementos de seguridad pública.
La funcionaria consideró que todavía existe margen para que más ayuntamientos acrediten el incremento antes de que concluya agosto, aunque deberán remitir la documentación correspondiente dentro del plazo fijado.
El bajo número de municipios que han cumplido hasta el momento mantiene bajo presión a los gobiernos locales, pues el objetivo de la medida es reducir las diferencias salariales entre corporaciones y mejorar las condiciones laborales de quienes integran las policías municipales.
De no acreditarse el ajuste a tiempo, los casos de incumplimiento serán remitidos al órgano fiscalizador estatal para la revisión correspondiente.