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Ex alcaldesa del PVEM del municipio de Santa Catarina cobraba hasta 30 mil pesos por una acta de nacimiento.

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Esteban Espinoza Hernández / Santa Catarina

 El alcalde de Santa Catarina, Juan Carlos Ramos Moreno, denuncio graves anomalías que se cometían en la pasada administración municipal; asegura que se estan integrando expediente para interponer las denuncias por el daño al patrimono de los ciudadanos del municipio, en donde se encontraron registros de que cobraban de 10 mil a 30 mil una acta de nacimiento.

El edil dijo que tuvo que destituir al oficial del Registro Civil tras descubrir que se estaban realizando cobros excesivos a los ciudadanos por trámites que deberían ser gratuitos o a bajo costo. Según Ramos Moreno, se detectaron casos en los que se cobraba entre 10 y 30 mil pesos por la emisión de actas de nacimiento, alcanzando un monto total cercano al millón de pesos en cobros indebidos.

“Es inaceptable que se haya cobrado tanto por un servicio que, en realidad, debería costar solo 600 pesos en el registro estatal. Muchos de nuestros ciudadanos, especialmente el 70% de la población que pertenece a la comunidad Xiu´i, de quienes se abusaba para que reunieran esa cantidad vendiendo sus propiedades o recurriendo a sus familiares en Estados Unidos”; indicó.

Ante esta situación, el alcalde confirmó que el dinero recaudado nunca ingresó a la tesorería municipal, lo que implica una clara irregularidad en la gestión del registro civil. Como parte de las medidas correctivas, Ramos Moreno aseguró que todos los trámites de certificaciones de CURP y actas de nacimiento serán, a partir de ahora, totalmente gratuitos para los ciudadanos.

“Queremos que la población sepa que estos trámites están disponibles sin costo y que ya hemos tomado cartas en el asunto para que no vuelva a suceder. Es una situación complicada, pero estamos comprometidos a restaurar la confianza de nuestros ciudadanos en los servicios municipales”, concluyó el alcalde.

Dijo que se integran los informes y las carpetas que serán entregadas a la autoridad; y responsabilizo a funcionarios y a la alcaldesa del Partido Verde Ecologista de México, María Amparo Charles Landaverde, de saquear el municipio y abusar de los ciudadanos.

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