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UASLP se niega a aceptar recomendación de Derechos Humanos por controversia entre rector y diputado

  • El máximo órgano de gobierno universitario respaldó por unanimidad la postura institucional y cuestionó los argumentos utilizados por la CEDH para calificar como discriminatorias las declaraciones del rector Alejandro Zermeño Guerra.

Esteban Espinoza / San Luis Potosí

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) determinó no aceptar la Recomendación 10/2026 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), relacionada con las declaraciones del rector Alejandro Javier Zermeño Guerra hacia el diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Serrano Cortés.

La decisión fue tomada por unanimidad durante una sesión extraordinaria del Consejo Directivo Universitario (CDU), cuyos integrantes respaldaron los argumentos jurídicos presentados por la Abogacía General de la institución para rechazar el pronunciamiento del organismo defensor de derechos humanos.

La controversia tiene su origen en declaraciones públicas realizadas por el rector en el contexto de los cuestionamientos sobre la fiscalización de los recursos universitarios y el sistema de pensiones de la máxima casa de estudios potosina.

Durante la sesión, la abogada general de la UASLP, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, sostuvo que la CEDH no valoró adecuadamente las circunstancias en las que se produjeron las declaraciones, particularmente porque Serrano Cortés intervenía en el debate desde su responsabilidad como integrante del Congreso del Estado.

Explicó que el legislador no podía ser considerado únicamente como un ciudadano particular, debido a que sus posicionamientos estaban relacionados con el ejercicio de sus funciones públicas y con asuntos de interés institucional.

Otro de los puntos cuestionados fue la utilización de criterios jurídicos relacionados con la discriminación y las condiciones de vulnerabilidad, pues, de acuerdo con la representación legal universitaria, la Comisión no desarrolló un análisis interseccional que justificara su aplicación al caso.

Navarro Sánchez consideró que los razonamientos empleados por la CEDH no corresponden con las circunstancias específicas de la controversia, por lo que resultaba improcedente que la Universidad aceptara los señalamientos contenidos en la recomendación.

La funcionaria universitaria también señaló que era necesario distinguir entre expresiones realizadas en el marco de una discusión pública sobre asuntos institucionales y aquellas que efectivamente pudieran constituir actos discriminatorios.

Tras analizar la postura jurídica, el Consejo Directivo Universitario votó de manera unánime por rechazar la recomendación, con lo que fijó una posición institucional frente al pronunciamiento de la CEDH.

Por su parte, el secretario general de la Universidad, Federico Arturo Garza Herrera, informó que se autorizó a la abogada general para presentar la respuesta oficial ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la que se expondrán los fundamentos y motivos que sustentan la negativa.

Con esta determinación, la UASLP formalizará su desacuerdo con la interpretación del organismo estatal, en medio de una controversia que ha generado cuestionamientos sobre los criterios utilizados por la CEDH para atender asuntos relacionados con funcionarios públicos.

La negativa de la Universidad no implica, por sí misma, que la recomendación quede anulada, sino que deberá comunicarse formalmente al organismo junto con las razones que sustentan su rechazo.