- Integrantes del colectivo Vozes ocuparon las instalaciones de la CEDH y cuestionaron que el organismo atienda con mayor prontitud asuntos relacionados con funcionarios públicos, mientras permanecen pendientes más de 120 quejas.
Esteban Espinoza / San Luis Potosí
La actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) fue cuestionada por integrantes del colectivo Vozes, quienes se manifestaron en las instalaciones del organismo y exigieron la renuncia de su presidenta, Giovana Argüelles Moreno, ante lo que consideran una falta de atención a las víctimas y un trato preferencial hacia funcionarios públicos.
Las manifestantes señalaron que existen más de 120 quejas que, aseguran, llevan años sin resolverse, situación que contrasta con la emisión de la Recomendación 10/2026, relacionada con una inconformidad presentada por el diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Serrano Cortés, contra la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
Para las integrantes de la agrupación, este caso refleja las prioridades del organismo defensor de derechos humanos, pues consideran que se ha dado atención a un representante popular mientras personas que enfrentan condiciones de vulnerabilidad continúan esperando una respuesta institucional.
Entre los sectores que, de acuerdo con las inconformes, han enfrentado dificultades para obtener atención se encuentran víctimas de trata de personas, integrantes de pueblos originarios, personas con discapacidad y familiares de personas desaparecidas.
Durante la protesta también se hicieron señalamientos sobre presuntos malos tratos en las visitadurías de la Comisión. Las integrantes del colectivo acusaron a la primera visitadora, Begoña Castillo, y a Miguel Carbajal Martínez de haber incurrido en conductas agresivas hacia integrantes de la organización.
Por su parte, Catalina Torres Cuevas, quien formó parte del Consejo de la CEDH, explicó que decidió separarse de ese órgano un año antes de concluir su periodo, debido a que, según su testimonio, las problemáticas internas no eran atendidas por la presidencia.
Asimismo, cuestionó que durante la administración de Argüelles Moreno no se haya implementado el mecanismo de seguimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, una de las obligaciones que consideran pendientes en materia de protección y vigilancia de derechos.
Ante los señalamientos sobre posibles intereses políticos detrás de la movilización, las integrantes de Vozes rechazaron recibir financiamiento o instrucciones de la UASLP o de alguna organización partidista, y sostuvieron que sus exigencias responden a las inconformidades acumuladas por la atención que brinda la Comisión.
La agrupación anunció que mantendrá su presencia en las instalaciones hasta recibir respuestas concretas a sus planteamientos y a la exigencia de renuncia de la presidenta del organismo.
No obstante, aclararon que la protesta no busca impedir la atención ciudadana, por lo que permitirán que las y los trabajadores continúen sus actividades y que las personas que acudan a presentar quejas puedan recibir el servicio correspondiente.
Las acusaciones corresponden a los testimonios de las manifestantes y requieren el posicionamiento de las personas señaladas. Hasta la información proporcionada, no se cuenta con una respuesta oficial de la presidencia de la CEDH respecto a las exigencias del colectivo.