En grupo de 556 funcionarios se encargaron de transparentar a su institución pública conforme a la ley en la materia; en promedio, cada uno subió 118 mil datos al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (Sipot).

A la fecha, son 65 millones 572 mil 170 los datos que dependencias federales han dado por obligación a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.

De acuerdo con la segunda entrega de informes de la Cuenta Pública 2016, el cumplimiento, en promedio, fue de 69%. El Poder Ejecutivo fue de los menos comprometidos, al cumplir con 65.8%, sólo por arriba de los partidos políticos (62.2%) y sindicatos (35.8%).

En respuestas a solicitudes de información, las dependencias aseguraron no haber contratado a personal para encargarse de subir su información al Sistema de Portales de Transparencia (Sipot) y a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

La fecha límite que los sujetos obligados tenían para actualizar sus portales de transparencia fue el pasado 4 de mayo, aunque la fecha original era el 5 de noviembre de 2016, es decir, tuvieron seis meses más para estar actualizados en su normativa.

En promedio, 24 personas por cada secretaría de gobierno fueron las encargadas de cumplir las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Las dependencias que más funcionarios destinaron para subir su información fueron las secretarías de Salud (84), Medio Ambiente (83) y Agricultura, Ganadería y Pesca (73).

En tanto, las que menos dispusieron de personal a fin de subir información fueron la Oficina de la Presidencia de la República (4), Secretaría de Relaciones Exteriores (18) y Cultura (18).

De acuerdo con la información obtenida por las instituciones gubernamentales, cada área fue responsable de dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia, y tanto directores, subdirectores, jefes de departamento y personal operativo fueron los encargados de dar información.

En promedio, el grado escolar de las personas fue de licenciatura, no obstante, también había grados académicos como bachillerato o maestría; algunas dependencias sostuvieron que proporcionar informacion era violar la ley de datos personales.

“La edad y la escolaridad fueron protegidas en este documento debido a que se consideran datos personales, por lo cual es clasificada según el artículo 116 de la LGTAIP y 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a Información Pública”, explicó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La jornada laboral para estos funcionarios es, en promedio, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y los salarios van desde los siete hasta 50 mil pesos por funcionario que se encargó de dar información al Sipot.

En el caso de la Secretaría de Economía (SE) se informó que la Unidad de Transparencia, que coordinó la actualización del Sipot, realizó la contratación de una persona por tiempo indefinido, para “asimismo apoyar en las actividades de Transparencia”.

La Secretaría de Salud señaló que cuenta con 42 enlaces de transparencia, los cuales están compuestos por 30 enlaces en unidades administrativas y un Órgano Interno de Control (OIC) y 12 más en sus órganos desconcentrados.

Para la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) fue importante aclarar que la responsabilidad del contenido de la información es exclusiva de cada una de las unidades administrativas.

En agosto, el comisionado del Inai, Óscar Guerra Ford, señaló que los datos contenidos en la Plataforma Nacional de Transparencia eran comparables con el Registro Federal de Contribuyentes, toda vez que prevé rebasar la meta de mil millones de datos públicos.

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