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Consultas a pueblos originarios y personas con discapacidad son prioridad: José Roberto García Castillo

Esteban Espinoza / San Luis Potosí SLP

El diputado local de Morena, José Roberto García Castillo, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, afirmó que uno de los principales compromisos legislativos para el próximo periodo de trabajo será cumplir con las consultas dirigidas a pueblos y comunidades indígenas, así como a personas con discapacidad, con el propósito de atender un mandato constitucional y fortalecer la construcción de leyes con participación ciudadana.

El legislador reconoció que, tras concluir el periodo ordinario de sesiones, aún existen temas relevantes que deberán ser atendidos antes de que finalice la actual Legislatura, entre ellos la realización de estos procesos de consulta, considerados indispensables para garantizar que las reformas estatales se apeguen a los criterios establecidos por las autoridades jurisdiccionales.

García Castillo explicó que el Congreso del Estado ya trabaja de manera coordinada para definir la ruta que permitirá desarrollar ambos procesos con certeza jurídica y pleno respeto a los derechos de los sectores involucrados.

“Tenemos pendiente el tema de las consultas a pueblos originarios y a personas con discapacidad. Ya estamos trabajando de manera coordinada para alcanzar la ruta estratégica que nos permita cumplir con esta encomienda, porque es un tema muy importante que debemos atender antes de que concluya esta Legislatura”, expresó.

El presidente de la JUCOPO destacó que estas consultas no solo representan una obligación legal, sino también una oportunidad para fortalecer la participación de los sectores históricamente excluidos en la elaboración de las normas que impactan directamente en sus derechos.

Finalmente, José Roberto García Castillo reiteró el compromiso del Congreso del Estado de impulsar un trabajo legislativo incluyente, donde las decisiones se construyan con diálogo, respeto y apego a los principios de participación que establecen la Constitución y los criterios emitidos por las autoridades judiciales.