EL ORÁCULO
Por: Esteban Espinoza
Hay gobernantes que entienden la crítica como parte de la democracia. Y hay otros que la confunden con una ofensa personal.
En San Luis Potosí, todo indica que estamos frente al segundo caso.
Lo que comenzó con la llamada “Ley Serrano” terminó exhibiendo algo mucho más preocupante que una mala reforma: la obsesión del poder por controlar la conversación pública.
Hace apenas unos meses, la Fiscalía General del Estado demostró una eficiencia desconocida. La misma institución que acumula miles de carpetas de investigación sin resolver, que desespera a víctimas de homicidios, desapariciones, robos, fraudes y violencia familiar, actuó con una rapidez sorprendente cuando se trató de detener a tres creadores de contenido cuyas publicaciones incomodaban al Gobierno del Estado y a personajes ligados al Partido Verde.
De un día para otro hubo investigaciones, órdenes de aprehensión y detenciones. Esa prontitud no la conocen las madres buscadoras. Tampoco quienes llevan años esperando justicia. Mucho menos las familias que diariamente enfrentan la indiferencia institucional.
Pero cuando el poder se sintió exhibido, la maquinaria sí funcionó.
Ese fue el verdadero mensaje.
La gravedad del asunto fue tal que desde el Gobierno Federal tuvo que intervenir, con absoluta discreción, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, activando los mecanismos de protección para periodistas.
Después vino el atentado contra un periodista potosino: disparos contra su domicilio y una cabeza de cerdo abandonada como amenaza. Y para cerrar, tres políticos con aspiraciones, amenazan a periodista de la huasteca potosina a través de una llamada telefónica, el audio se filtra, y empieza a volar.
El problema dejó de ser local.
San Luis Potosí comenzó a ser noticia nacional, no por su crecimiento económico, ni por sus obras, sino por las agresiones contra la libertad de expresión.
Y cuando parecía que el costo político obligaría al Gobierno del Estado a reconocer el error, ocurrió exactamente lo contrario.
El gobernador Ricardo Gallardo anunció que propondrá una nueva legislación para “regular” a los medios digitales, a las páginas de Facebook y a quienes generan contenido en internet.
El argumento parece razonable en apariencia: combatir páginas falsas, contenidos anónimos y garantizar el derecho de réplica.
Pero el problema no es el discurso.
El problema es quién lo pronuncia.
Porque cuando un gobierno que acaba de utilizar una ley para encarcelar creadores de contenido dice que ahora quiere “regular” a los medios digitales, la sospecha es inevitable.
No existe democracia donde el poder político decida quién es periodista y quién no.
No existe libertad de expresión cuando el gobierno pretende crear registros oficiales para definir qué medio merece existir.
No existe prensa libre cuando quien administra el presupuesto público también aspira a administrar quién puede informar.
Resulta particularmente reveladora una frase del gobernador: “Hay que ponerles nombre y cara.”
La afirmación merece reflexión.
En México existen periodistas asesinados precisamente porque alguien conocía su nombre y su cara.
En un país donde ejercer el periodismo sigue siendo una profesión de alto riesgo, escuchar al titular del Ejecutivo hablar de registros oficiales y de identificar a quienes publican información genera más preocupación que tranquilidad.
Por supuesto que existen páginas falsas.
Por supuesto que hay campañas de difamación.
Por supuesto que la inteligencia artificial abre nuevos desafíos.
Pero si realmente se busca iniciar un proceso de orden y transparencia en los portales que publican información, el Gobierno del Estado debería comenzar por revisar su propia casa.
Debe empezar por aquellos portales que operan desde el poder, que reciben recursos públicos y que han sido utilizados como instrumentos para golpear adversarios políticos, descalificar voces críticas y ensuciar la vida pública de San Luis Potosí.
Porque precisamente desde ahí nació una práctica desleal y detestable: utilizar el dinero público para construir campañas de ataque disfrazadas de información.
Antes de pretender regular a quienes cuestionan al gobierno, habría que revisar a quienes desde el propio aparato gubernamental han convertido la comunicación en propaganda y la crítica en una guerra política.
Para combatir delitos ya existen leyes civiles y penales.
Lo que no existe —ni debe existir— es una legislación diseñada desde el poder para decidir quién puede ejercer la libertad de expresión.
La historia demuestra que todos los gobiernos comienzan prometiendo regulación y terminan construyendo mecanismos de control.