Mientras elementos estatales perdieron la vida en un ataque armado, el titular de la SSPCE evitó ofrecer información precisa sobre los responsables, el número definitivo de víctimas y las fallas operativas que permitieron la agresión.
Esteban Espinoza / San Luis Potosí SLP
Las declaraciones del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), Jesús Juárez Hernández, dejaron más dudas que respuestas después del ataque armado en el que perdieron la vida elementos de la Guardia Civil Estatal.
Frente a un hecho que exhibe la capacidad de fuego y operación de los grupos criminales en territorio potosino, el funcionario se limitó a repetir que “el riesgo no se reduce a cero” y que los enfrentamientos forman parte del combate a la delincuencia.
La explicación resulta insuficiente ante la gravedad de lo ocurrido. No se trató de un incidente menor ni de una estadística más: agentes enviados a patrullar una zona señalada por la presencia de grupos delictivos fueron atacados y asesinados mientras cumplían con su responsabilidad.
Juárez Hernández aseguró que los elementos realizaban un patrullaje ordinario por caminos secundarios y brechas ubicadas entre Villa de Reyes y Villa de Arriaga. Sin embargo, no explicó cómo un grupo armado logró sorprender a los agentes, qué información de inteligencia existía sobre la zona, cuántos efectivos participaban en el recorrido ni qué protocolos de protección fueron aplicados.
El secretario insistió en que las unidades no patrullaban de manera aislada y que los apoyos llegaron rápidamente. No obstante, el desenlace fue mortal para integrantes de la corporación que él encabeza.
A pesar de la dimensión del ataque, el titular de Seguridad reconoció que todavía no existe certeza sobre el grupo criminal responsable. Tampoco ofreció una explicación clara sobre la mecánica de los hechos y pidió esperar los resultados de los peritajes realizados por la Fiscalía Científica.
La dependencia confirmó la detención de una persona que presuntamente arrojó objetos conocidos como “ponchallantas” cuando acudían unidades de apoyo. El detenido viajaba en un vehículo con reporte de robo con violencia y es investigado por su posible relación con la agresión.
Sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre la captura de los autores materiales del ataque ni sobre el aseguramiento de las armas utilizadas contra los elementos estatales.
La respuesta oficial vuelve a reducir una tragedia a frases repetidas sobre los riesgos de la actividad policial, cuando la obligación de las autoridades no termina en reconocer que existe peligro. También implica garantizar planeación, inteligencia, equipamiento, coordinación y condiciones mínimas para que los agentes no sean enviados a zonas dominadas por grupos criminales sin respaldo suficiente.
Juárez Hernández afirmó que en San Luis Potosí “se ha avanzado mucho” en materia de seguridad y destacó la detención reciente de aproximadamente diez personas vinculadas con grupos delictivos en esa región.
Pero el ataque mortal contra la Guardia Civil contradice el discurso triunfalista. Si la zona entre Villa de Reyes y Villa de Arriaga mantiene una elevada presencia criminal, las autoridades deben explicar por qué los operativos no lograron impedir que hombres armados atacaran a los policías estatales.
El funcionario reconoció que la Guardia Civil es “la primera línea de defensa” de la población. Precisamente por ello, no basta con enviar elementos a patrullar y posteriormente justificar sus muertes diciendo que el riesgo nunca desaparece.
Los policías estatales no pueden ser tratados como piezas reemplazables dentro de una estrategia que presume resultados, pero guarda silencio cuando sus propios integrantes son asesinados.
Las familias de los elementos fallecidos merecen algo más que condolencias oficiales y declaraciones ambiguas. Tienen derecho a conocer quién ordenó el operativo, qué información tenían los mandos, cuáles fueron las condiciones del ataque y si existieron omisiones que pusieron en peligro a los agentes.
También la sociedad potosina merece saber cuál es el verdadero nivel de control que mantienen los grupos criminales en esa región y por qué, pese al despliegue de la Guardia Civil, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, siguen teniendo capacidad para atacar directamente a las fuerzas de seguridad.
Decir que “el riesgo no se reduce a cero” puede describir la naturaleza del trabajo policial, pero no puede utilizarse como una salida fácil para evadir responsabilidades.
Cuando elementos de una corporación pierden la vida, la autoridad debe rendir cuentas, no refugiarse en lugares comunes. La muerte de policías estatales exige una investigación seria, resultados inmediatos y una revisión profunda de la estrategia de seguridad que, una vez más, demuestra que está lejos de garantizar la pacificación que presume el Gobierno del Estado.