El Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí se ha detenido completamente, desde la Ciudad Judicial, los juzgados y cabeceras distritales, la actividad judicial ha cesado por completo debido a una huelga generalizada convocada por empleados pertenecientes a diversos sindicatos.
Los trabajadores del Poder Judicial han decidido tomar esta medida extrema como una forma de presión hacia el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, exigiendo una respuesta inmediata ante la falta de pago de salarios a jubilados y pensionados, así como el retraso en la remuneración y prestaciones de los empleados en activo. Este paro afecta tanto al Supremo Tribunal de Justicia como a los juzgados mixtos y de primera instancia.
En la Ciudad Judicial, aunque se ha permitido el acceso al estacionamiento, todas las actividades internas han sido suspendidas. No se permite el avance de los asuntos judiciales y, hasta el momento, ninguna autoridad del gobierno estatal se ha presentado en la sede para negociar una solución. Además, se reporta que los pagos pendientes, algunos de los cuales datan del primer año fiscal de la actual administración, no se han reflejado en las cuentas de los empleados.
El Centro de Justicia Penal en el Centro de Reclusión de La Pila también ha cerrado sus puertas como parte de la huelga. Bajo el lema “No son privilegios, son nuestros derechos”, los trabajadores han bloqueado el acceso al personal y demandan el pago inmediato de los salarios atrasados.
El paro incluye el cierre de los juzgados penales tradicionales, los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, así como los módulos de fotocopiado y las áreas del Centro de Justicia Penal donde se llevan a cabo los procesos orales de imputación, vinculación a proceso, y las etapas de investigación complementaria y sentencia.
Simultáneamente, los juzgados penales en todo el estado y los juzgados mixtos de primera instancia en las cabeceras distritales de los municipios también han cesado sus operaciones. La atención ahora se centra en si el gobierno estatal tomará medidas para abordar las demandas de los trabajadores y reactivar las operaciones judiciales, mientras que el paro continúa afectando el curso normal de los procedimientos legales en el estado.
