Últimas Noticias

Reforma agraria de 1992 marcó un antes y un después en la propiedad social en México

Esteban Espinoza / Rioverde SLP

Especialistas en derecho agrario destacaron que la reforma al marco jurídico agrario de 1992 representó uno de los cambios más trascendentes para la propiedad social en México, al modernizar diversos procedimientos relacionados con la tenencia de la tierra y otorgar mayor certeza jurídica a ejidatarios y comuneros.

Explicaron que dicha reforma introdujo figuras como el dominio pleno, mecanismo que permite a los ejidatarios transformar determinadas parcelas en propiedad privada bajo los procedimientos establecidos por la ley.

Además, se impulsó la delimitación formal de los núcleos agrarios mediante programas de certificación que permitieron entregar documentos oficiales a los titulares de derechos, incluyendo planos parcelarios que definían con precisión los límites de sus terrenos.

Otro de los avances importantes fue la actualización y regulación de los registros de ejidatarios, avecindados y posesionarios, lo que permitió un mayor control y orden administrativo dentro de los ejidos del país.

Los especialistas señalaron que, aunque la reforma de 1992 continúa siendo una de las más importantes en materia agraria, todavía existen retos y áreas que requieren actualización para responder a las necesidades actuales del campo mexicano.

Asimismo, destacaron que a partir de esta transformación jurídica se fortaleció el papel del Registro Agrario Nacional (RAN), organismo encargado de registrar y dar certeza legal a los actos relacionados con la propiedad social en México.

“El Registro Agrario Nacional funciona como una instancia especializada que concentra la información y documentación relacionada con ejidos, comunidades y derechos agrarios, brindando seguridad jurídica a los propietarios y poseedores de tierras sujetas a este régimen”, explicaron.

Finalmente, consideraron que la capacitación y el conocimiento de estas disposiciones legales siguen siendo fundamentales para que los habitantes de las zonas rurales puedan ejercer plenamente sus derechos y resolver de manera adecuada cualquier asunto relacionado con sus tierras.