Ciudad de México, 13 de agosto 2024 – Las organizaciones defensoras de periodistas, de derechos
humanos, junto con las que luchan por la protección de las víctimas infantiles de violencia sexual y
trata, expresan su más enérgico rechazo ante las recientes decisiones judiciales que favorecen a los
responsables de delitos graves, como la explotación sexual infantil y la tortura.
Casos
emblemáticos, como los de Mario Marín, Kamel Nacif y Adolfo Karam, evidencian un preocupante
patrón de complicidad que revictimiza a las víctimas y perpetúa la impunidad.
La reciente liberación de estos individuos, involucrados en redes de macro criminalidad, no solo
contraviene el interés superior de la niñez, sino que también socava la confianza en el sistema
judicial que es complaciente con las argucias jurídicas. La violencia sexual infantil es una de las
formas más severas de violencia, con consecuencias devastadoras para las víctimas y sus
comunidades. Sin embargo, la falta de acción efectiva y la tendencia de las autoridades a
individualizar las acciones delictivas han llevado a sentencias que favorecen a los perpetradores,
ignorando el contexto más amplio como redes de macro criminalidad con poder político y
económico.
Los derechos de las víctimas infantiles están siendo sistemáticamente violados, además que la
impunidad desalienta la denuncia. Las decisiones judiciales que minimizan la gravedad de estos
delitos y que no consideran el poder real de la red de complicidad entre los acusados envían un
mensaje alarmante: que los poderosos pueden evadir la justicia.
Exigimos al poder judicial que actúe con responsabilidad y compromiso para garantizar la
protección de los derechos de las víctimas. Es imperativo que el Consejo de la Judicatura revise
inmediatamente este sospechoso patrón de liberaciones asegurándose que las y los jueces
implicados no sean objetos de presiones o respondan a intereses contrarios al interés superior de
la niñez. La justicia debe ser efectiva, y las denuncias de las víctimas deben ser escuchadas y
respetadas.
Instamos a la sociedad civil, medios de comunicación y organismos internacionales a unirse en la
defensa de los derechos de las víctimas y a exigir un mejor trabajo de las fiscalías y vigilancia
judicial para evitar que sean cómplices de la impunidad. La lucha contra la explotación sexual
infantil y la protección de los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho son
responsabilidades compartidas de todas las autoridades del Estado mexicano.
Organizaciones y personas defensoras:
Articulo 19 MX
Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe
Red por los derechos de la infancia en México REDIM
Fundación para la Justicia
Red Nacional de Periodistas
Red Puebla de Periodistas
Fundación Femmex
Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC)
Ojos de Perro vs la Impunidad, A.C.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez Observatorio de Designaciones Públicas Centro Mexicano para la Filantropía - Cemefi Melel Xojobal AC Fundar, Centro de Análisis e Investigación Paso de Esperanza, A. C Impunidad Cero Casa del migrante de Saltillo - Frontera con Justicia AC Denise Dreser Diego de la Mora Maurer Juan Martin Pérez García
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